Kouri chuponeó a ex presidente regional Canches

Ya lo chuponeaba?

El Informe Final de la Comisión Investigadora del Congreso concluye que Álex Kouri contrató los servicios Business Track (BTR) para interceptar las comunicaciones de Rogelio Canches, cuando éste era presidente regional del Callao, revela la prensa local.

Hasta el momento se desconoce el periodo preciso en el que BTR, dirigida por oficiales en actividad y retiro de la Marina, chuponearon a Canches, sin embargo, se afirma que "existen indicios razonables para considerar" que Kouri contrató los servicios de esta empresa. Preguntado Luizar, agregó que la prueba del caso son los audios que obran en poder del 34º Juzgado Penal. En este caso, el vínculo fue Carlos Lizárraga, quien trabaja como jefe de Seguridad en el Gobierno Regional del Callao y que tenía una relación fluida con BTR.

De otro lado, indicó que las pesquisas demuestran que el presidente regional del Callao y candidato a la alcaldía de Lima, Alex Kouri, participó en el "chuponeo" de su antecesor, Rogelio Canches.

"Yo no me voy a referir a su candidatura, pero encontramos indicios de participación y conocimiento de estos hechos. Los audios de interceptación a Canches aparecen en el material incautado a BTR", puntualizó.

Otro punto del Informe refiere que el ex ministro de Vivienda Francis Allison estaría involucrado en operaciones de lavado de activos a través de BTR.

Asimismo, señala que Allison brindó falso testimonio a la Comisión Investigadora del Congreso cuando declaró sobre sus cuentas bancarias.

De lo investigado, también se concluye que la congresista aprista Mercedes Cabanillas ordenó, cuando fue presidenta del Parlamento, la contratación de BTR.

No obstante, agrega, no se ha sustentado debidamente los trabajos que BTR hizo durante su período como presidenta del Congreso.

El Informe Final sostiene además que el vicepresidente de la República, Luis Giampietri, habría tenido conocimiento de las actividades ilícitas que realizaba Business Track.

En otro punto, afirma que el Ministerio de Transportes y Osiptel tienen responsabilidad política y administrativa, ya que las interceptaciones telefónicas son delitos permanentes.

La Comisión Investigadora, presidida por el congresista Oswaldo Luizar, confirma que la empresa BTR encubría una organización delictiva integrada por Elías Ponce Feijoo, Carlos Tomasio de Lambarri, Giselle Giannotti, Martín Fernández Virhuez, Jesús Ojeda Anglés, Jesús Tirado Seguín, Alberto Salas Cortez y Pablo Martell Espinoza.

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